Nada parece detener a los ingenieros del control y la inspección casuística de los ciudadanos en Cuba. Tanto la empresa de telefonía celular (CUBACEL), como la conocida ETECSA prestan sus servicios a la Seguridad del Estado para hacer cabriolas contra sus clientes.
A Raudel Ávila Lozada, residente en Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, el oficial Diorkis, de la Policía Política le envía mensajes SMS provocadores, ofensivos y amenazantes desde que le dieran a conocer el número del móvil de ese disidente.
En un viaje a Placetas, a Rolando Rodríguez Lobaina le enviaron mensajes desde el móvil de otra opositora, Martah Díaz Rondón. En ocasiones lo hacen para ubicar donde se encuentran y en otras para crear confusiones que lleven a malos entendidos y sus consiguientes molestias.
Los móviles se quedan sin servicio, sin cobertura o los mensajes y llamadas comienzan a entrar cuando los oficiales operativos de la policía política y las gerencias regionales de CUBACEL se ponen de acuerdo.
El mismo Rolando Rodríguez Lovaina y su hermano Néstor, Cristian Toranzo Fundichely, Caridad Caballero Batista y muchos otros han sido víctima del robo de sus celulares, con la única comunicación de que sus equipos han quedado bajo ocupación temporal, según dictan las actas de decomiso que los investigadores e instructores policiales intentan hacerles firmar a sus víctimas.
Lo triste del caso es que en ningún acápite de los contratos de venta se explica que sea la Seguridad del Estado la que se quede con los equipos, ni aclara por supuesto, que sea este órgano represivo el que oriente a las empresas telefónicas suspender llamadas, dejar fuera de servicio a los clientes así como luego en los interrogatorios los oficiales a cargo chantajeen a las víctimas contándoles pelos y señales de sus conversaciones a través de los aparatos.
Las despampanantes secretarias y oficinistas que ETECSA y CUBACEL han puesto para atención a los clientes, unas veces se quedan patidifusas con las quejas, en otras, como me sucedió en la ciudad de Holguín, plantean con todo el cinismo del mundo que la Gerencia se reserva el derecho de ventilar o no este tipo de planteamiento cuando uno de los encartados “se encarga de la seguridad nacional” (SIC).
La indolencia es pública, el perpetrador se hunde la visera de la gorra hasta las cejas, se ajusta los lentes oscuros y se soba la entrepierna en señal de impunidad total.
0 comentarios:
Publicar un comentario